navajo children
Crédito: Oficina en Washington de la Nación Navajo

Opinión: Proteger a la niñez indígena es proteger el agua

Debemos dejar de ver al medio ambiente, la familia y la cultura como problemas separados.

Al despuntar el alba, bajo el calor seco y sofocante del verano de Arizona, mi masáni –mi madre –, mis tías y muchos primos reúnen el rebaño de ovejas de nuestra abuela.


Incluso al amanecer, los suelos resecos liberan el calor almacenado en nuestros zapatos de suela de goma. Condujimos a los animales desde sus corrales en el cañón hasta nuestro campamento de verano en la montaña Lukachukai. A lo largo del camino, paramos en varios abrevaderos de acero conectados a pozos de agua que bombeamos a mano. Bajo el sol del mediodía, el agua era un refugio para los animales y para nosotros, que bebíamos y jugábamos en ella. Durante estos viajes aprendí historias sobre la tierra y la interconexión entre todos los seres vivos. Me enseñaron los principios fundamentales del K'é [parentesco] y del Diné Bizaad [lengua] para entenderme a mí mismo como Diné y mi relación con la tierra que pisaba. Así, el pastoreo de ovejas no era en absoluto secular, sino que se convirtió en una forma de estar inmerso en mi cultura.

Este ensayo también está disponible en inglés

Al volver a estos lugares de adulto, me enteré de que muchos pozos se habían secado. Los que siguen dando agua podrían ser fuentes no declaradas de contaminación elevada. Ante la creciente preocupación por los periodos de sequía cada vez más prolongados y sus costos asociados, el año pasado mi familia subastó lo que quedaba de su rebaño, una decisión cada vez más común en toda la reserva, ya que muchas familias Diné se enfrentan a circunstancias similares para encontrar y conseguir agua a grandes distancias. La pérdida gradual de estas prácticas antaño cotidianas me hizo apreciar aún más las enseñanzas culturales que las acompañaban. He visto cómo, ya desde mi generación, muchos jóvenes Diné tienen experiencias limitadas con nuestra cultura y nuestra lengua. La escasez de agua, exacerbada por el cambio climático, está creando un presente y un futuro en el que nuestros hijos sólo oirán hablar de rebaños de ovejas como un recuerdo lejano. El cambio climático tiene un costo cultural.

Es fundamental transmitir la identidad Diné a nuestra juventud, un llamado que compartimos todos los grupos indígenas. Sin embargo, las fuerzas que han tratado de exterminarnos a nosotros y a nuestras culturas han atacado desde distintas direcciones. Por un lado, las y los niños indígenas han sido apartados a la fuerza de sus comunidades -y de sus culturas- mediante políticas de asimilación. La negligencia del gobierno federal hacia las tribus, especialmente en lo que respecta al acceso al agua y a la infraestructura básica, ha creado unas condiciones de vida en los hogares indígenas que, en última instancia, contribuyen a justificar la separación de nuestros hijos e hijas. Esto fractura aún más a nuestras comunidades y debilita nuestra soberanía, abriendo la tierra, los recursos y nuestra infancia a intereses no nativos. Teniendo esto en cuenta, para garantizar la continuidad de nuestra cultura y nuestras comunidades, debemos comprender las intrincadas relaciones entre cultura, lengua y naturaleza, y promover políticas que garanticen que nuestros hijos puedan acceder a un entorno seguro, sano y próspero.

Daños culturales a través de las leyes 

proteger el agua

Un pozo seco que la familia del autor utilizaba en sus travesías con el rebaño de ovejas.

Crédito: Pearl Goldtooth

proteger el agua

“El cambio climático tiene un costo cultural.”

Crédito: Pearl Goldtooth

Los pueblos originarios de Estados Unidos nos enfrentamos a una amenaza existencial para conservar nuestra identidad cultural y soberanía desde que nos convertimos en naciones dentro de una nación. Se trata de un antiguo proyecto genocida que se remonta a siglos atrás y que ha afectado negativamente a sucesivas generaciones. Muchas de nuestras familias todavía se están reconciliando con su impacto a través de la generación de nuestros abuelos, que fueron de los últimos en soportar los internados para indígenas avalados por Estados Unidos y gestionados por misioneros cristianos. A partir de 1819, el gobierno federal promulgó la Ley de Civilización India para asimilar a las y los niños indígenas mediante su traslado forzoso y su reclusión en internados gestionados por iglesias hasta la década de 1960. En 1900, se estimaba que se habían llevado a 20.000 niños y niñas indígenas, y en 1925 se registraron algo menos de 70.000. El 11 de mayo de 2022, el Departamento del Interior de Estados Unidos publicó su Informe de Investigación sobre la Iniciativa Federal de Internados Indígenas, que confirmaba las experiencias y testimonios ofrecidos por los supervivientes décadas antes. Se identificaron más de 500 muertes de menores indígenas en 408 internados para pueblos indígenas. Este sobrecogedor anuncio se produjo un año después de que investigadores de la Cowessess First Nation, en Saskatchewan (Canadá), descubrieran más de 600 tumbas sin nombre en un único internado para infancias indígenas.

Al mismo tiempo, las tribus fueron relegadas a reservas que en la actualidad ocupan, en promedio, el 2,6% de nuestras tierras originales. Dentro de estas áreas limitadas, el gobierno federal no construyó infraestructuras como el acceso al agua potable, creando la situación actual en la que se estima que casi la mitad de los hogares de las reservas no tienen agua potable ni un saneamiento adecuado. Esta realidad pasada y presente agravó aún más la narrativa de que los niños indígenas estaban mejor en sociedades "civilizadas" y bien dotadas de recursos.

Así que no es de extrañar que incluso después del cierre de los internados para indígenas, gracias a la movilización de las tribus, se siguiera separando a nuestros menores de sus familias y colocándolos en hogares de acogida y hogares adoptivos no indígenas. Las y los menores indígenas estaban "sobrerrepresentados en los hogares de acogida en una proporción 2,7 veces mayor que su proporción en la población general", según la National Indian Child Welfare Association. Esto suscitó un activismo dirigido por las tribus que desembocó en la adopción de la Ley de Bienestar de la Infancia Indígena (ICWA) de 1978. La ICWA vela por "proteger el interés superior de las infancias indígenas y promover la estabilidad y seguridad de las tribus y familias indígenas".

A pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo a favor de la ICWA, casos como el de Brackeen contra Haaland actualizan la amenaza existencial a nuestra soberanía, al atentar contra protecciones como la ICWA. El caso judicial, apoyado por Texas, Luisiana, Indiana, Oklahoma y Ohio, alegaba que el éxito de la adopción de un menor Cherokee/Navajo (Diné) por una pareja blanca se vio obstaculizado (un total de cuatro meses) por el proceso de la ICWA. En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales que cuestionaban la ICWA, afirmando que su "clasificación de 'niño indígena' está basada en la raza y viola la

Cláusula de Protección Igualitaria". Como aprendiz Diné en salud medioambiental, trabajo con datos de censos y cohortes que categorizan a mi comunidad y a otros ciudadanos tribales por igual en un grupo racial singular fusionado que neutraliza nuestras identidades políticamente diferenciadas. Me frustra y decepciona que siglos de precedentes que afirman nuestro estatus político como ciudadanos tribales soberanos puedan ser descartados, borrados y, en última instancia, revocados por un fallo de la Corte.

Aunque pueda parecer que no está relacionado, el destino actual de los asuntos del agua para las naciones tribales de Estados Unidos está íntimamente ligado a este caso del Tribunal Supremo. No había pasado ni una semana cuando la Corte Suprema falló en contra de la Nación Navajo en un litigio sobre derechos del agua. Basándome en la opinión de mi colega sobre el caso Arizona contra la Nación Navajo, el hilo conductor de ambos casos reside en su interpretación de la responsabilidad federal ante las tribus, los ciudadanos tribales y los recursos de las tierras tribales. La responsabilidad "fiduciaria" federal puede ocuparse del bienestar de un niño nativo, pero no del bienestar de su entorno. Es una paradoja curiosa. Pueden devolvernos a nuestros hijos, pero los devuelven a condiciones que no han cambiado y a la contaminación medioambiental que puede haber contribuido a su traslado inicial. Abordar la injusticia del agua en las tierras indígenas, al igual que la incapacidad del gobierno estadounidense para garantizar que las reservas tengan acceso a agua potable limpia, se basa en entender la justicia del agua como una condición necesaria para la soberanía tribal. Una visión que puede ser respaldada por investigadores, científicos y profesionales no nativos. Nuestro bienestar integral pasa por respetar todas las facetas de la soberanía tribal que conciernen a nuestros hijos, a nuestra agua y, en última instancia, a nuestra relación de nación a nación.

La independencia y autodeterminación tribal son clave para salvar nuestra cultura y ambiente

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La familia del autor ahora hace pastoreo con ganado vacuno.

Crédito: Pearl Goldtooth

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“Nuestros hijos e hijas proceden de familias fuertes y resilientes que abarcan generaciones de conocimientos ancestrales.”

Crédito: Pearl Goldtooth

Desde el primer tratado registrado sobre un cinturón de Wampum Gaswendah (Dos Filas) entre la Confederación Haudenosaunee y comerciantes holandeses en 1642, se han firmado casi 400 tratados entre los pueblos originarios y Estados Unidos. Según la Constitución, estos tratados son contratos jurídicamente vinculantes que constituyen "la ley suprema del país" y confirman derechos, beneficios y condiciones especiales para las tribus que "aceptaron" ceder millones de acres de tierra a Estados Unidos a cambio de protección, reconocimiento, servicios y derechos de propiedad reservados, aunque limitados, por parte del gobierno federal. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con su parte, lo que ha dado lugar a promesas incumplidas.

Un ejemplo de estas promesas rotas es la crisis del agua que sufren muchas tribus de las regiones suroeste y oeste de EE.UU., que sólo hasta hace poco han visto una inversión y un reconocimiento significativos tras décadas de lucha por establecer infraestructuras hídricas adecuadas en nuestras comunidades. La Ley Bipartidista de Infraestructura del presidente Biden incluye una inversión de 2.500 millones de dólares para el Fondo de Finalización de Acuerdos sobre Derechos de Aguas Indígenas que pretende "entregar a las tribus los recursos hídricos prometidos desde hace mucho tiempo". Aún así, en casos recientes relativos a la construcción de oleoductos sobre o cerca de sistemas de agua comunitarios existentes que sirven predominantemente a comunidades tribales, los funcionarios federales no reconocen ni mantienen sus responsabilidades ante los gobiernos tribales.

Proteger a nuestros significa proteger nuestras aguas 

Teniendo en cuenta todo esto – la posible anulación de la ICWA, la falta de infraestructura hídrica y sus repercusiones en la calidad del agua –, tenemos que dejar de sectorizar el medio ambiente, la familia y la cultura como problemas separados. Las vivencias de mi infancia entre el cañón de mi masáni y su campamento de verano en las montañas me han ayudado a enmarcar la justicia ambiental para que abarque cuestiones convencionalmente no asociadas a la salud ambiental, como la lengua y la cultura, como rasgos interconectados del medio ambiente, porque estas enseñanzas vienen emparejadas con prácticas culturales como el pastoreo de ovejas, que a su vez dependen de una infraestructura hídrica adecuada. Nuestras comunidades exigen justicia y responsabilidad. Nuestros hijos e hijas proceden de familias potentes y resistentes que abarcan generaciones de conocimientos ancestrales. Los avances recientes en los servicios federales durante la administración de Biden no son suficientes si nuestros pequeños siguen siendo trasladados a un ritmo superior al de cualquier otra comunidad. Somos descendientes de supervivientes de un genocidio. Ahora, exigimos entornos para que nosotros, nuestros abuelos y nuestros hijos puedan prosperar.

Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico que reimaginan soluciones para un planeta justo y saludable.

About the author(s):

Kevin  Patterson
Kevin Patterson
Kevin is a Diné PhD student in Environmental Health Sciences at Columbia University’s Mailman School of Public Health. His research investigates the distribution of metal exposures (uranium, arsenic, etc.) in groundwater and diet across U.S. Indigenous communities and their relationship with chronic health conditions.

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